LRH 2025
Esta es la noticia: los precios al alza y el problema del acceso a la vivienda en España, es un tema que está en boca de todos. Un problema que se ha ido generando durante décadas, y que le está explotando en la manos a unos políticos inoperantes y que no tienen interés alguno en resolver el problema de la vivienda, sino, como buenos perros amaestrados, en no morder esa mano que le da de comer; la mano de sus amos, esos poderes fácticos que ni tú, ni yo votamos y que, sin embargo, hacen y deshacen el futuro del país y, por lo tanto, de su población, obedeciendo al interés económico de turno.
Todo ello ayudados de palmeros Barrigas-llenas que se pasean por los platós por las grandes tertulias de este país, de manera satisfactoria, ladrando el argumentario de turno con el que van a engañar a un dócil televidente. Estos Barrigas-llenas, son propensos a análisis simplistas y en el caso de la vivienda, lo reducen todo a la falta de suelo urbanizable.
Esta es la realidad: la creencia de que la falta de suelo es el principal obstáculo para la vivienda asequible es un mito interesado. En España hay grandes extensiones de terrenos que podrían usarse para la construcción de vivienda, pero como en tanto otros ámbitos de este país, la gestión urbanística históricamente ha estado marcada por la corrupción
Durante el boom inmobiliario de los años 90 y 2000, casos de recalificaciones fraudulentas, sobornos y redes clientelares evidenciaron cómo los ayuntamientos manipulaban el mercado para favorecer a promotores afines. Estas prácticas no han desaparecido; se manifiestan hoy en retrasos deliberados, trabas burocráticas y, especialmente, en la paralización de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). La mayoría de los PGOU en España enfrentan impugnaciones judiciales, muchas vinculadas a casos de corrupción política de años atrás, como recalificaciones irregulares o adjudicaciones sospechosas. Por ejemplo, en localidades como Marbella o Valencia, investigaciones sobre tramas corruptas han llevado a la anulación de importantes planes urbanísticos, dejando en suspenso miles de viviendas previstas.
Toda esta situación se refleja claramente en que, en ciudades como Madrid, Barcelona o Murcia, los PGOU vigentes datan en muchos casos de los años 80 y 90. Podemos imaginarnos cómo de adaptado, a una sociedad tan diferente como la de hoy en día, puede estar un plan urbanístico diseñado en los años 80. Como resultado, encontramos recortes en suelos urbanizables y la dificultad del desarrollo inmobiliario, haciendo que los precios suban sin freno. Además, la falta de conocimientos técnicos en muchas administraciones públicas agrava el problema, con gestores incapaces de diseñar planes modernos o de sortear los litigios que los bloquean. El resultado es un mercado inmobiliario artificialmente constreñido, donde la corrupción pasada y la ineficiencia presente conspiran contra los ciudadanos.
Queda claro, en esta primera reflexión, que no es la falta de suelo urbanizable el problema, sino la inoperancia y desinterés de la administración pública o “casta política”.
Hasta aquí, quizás muchos no se hayan sorprendido con el análisis del estado del precio de la vivienda. Pero, y si se lleva el análisis un paso más allá, subrayando que el principal problema del precio de la vivienda no es todo lo comentado anteriormente, que también suma a la causa (pero no es la raíz del problema de la falta de vivienda), simplemente podemos encontrar algo más profundo: es consecuencia de un hito mayor.
Antes de entrar en la principal causa que bloquea cualquier fórmula empleada u orientada a bajar el precio de la vivienda, hay que tener en cuenta que es un Colateral.
Un Colateral es un bien que garantiza un préstamo. Por ejemplo, en una hipoteca de 200.000 euros para una casa valorada en 250.000 euros, la casa es el Colateral que el banco puede embargar si el prestatario no paga. Pues bien, el mayor interés del político es proteger el valor estos Colaterales que garantizan las hipotecas concedidas. Les da igual que el pueblo no pueda acceder a una vivienda digna; saben de sobra que el español medio hace tiempo que cayó en un letargo intelectual que se acentúa con Islas de Tentaciones y Sálvames, bazofia televisiva que te fríe la cabeza y todo ello pagado con dinero de nuestros impuestos. Pero volviendo al tema, el mayor interés político reside en el estar un día más en el poder y los beneficios económicos que obtienen de ello, haciendo del cortoplacismo todo un estilo de gobernanza, que pase el siguiente… De ahí se haya generado tal bola con los precios de la vivienda, bien de primera necesidad y derecho constitucional.
Esta es la tesis: precios que son producto de decisiones políticas, centradas es defender los intereses de esos amos que les dan de comer. Uno de esos amos es bien conocido por todos: el mundo de la banca. Es que quien paga, y por ello manda, y este caso mucho. Tanto para que les dé igual a ciertas elites que el español medio no pueda acceder a una vivienda para una tener vida digna o que deba embarcarse en viajes de toda una vida, renunciando a más de la mitad de su sueldo, para afrontar los gastos asociados al acceso a la vivienda.
la falta de incentivos políticos para reducir el precio de la vivienda se debe, por ello, a su temor a poner en riesgo el sistema bancario, uno de los pilares fundamentales de la economía española.
Los bancos tienen 497.889 millones de euros en préstamos hipotecarios (Banco de España, diciembre 2024), activos respaldados por viviendas como colaterales. Una caída de precios reduciría el valor de estas garantías, generando un riesgo sistémico. Por ejemplo, en una hipoteca de 200.000 euros sobre una vivienda valorada en 250.000 euros, una bajada del 20% dejaría la casa en 200.000 euros, igualando el préstamo. Por ejemplo, si cae un 30%, hasta 175.000 euros, el banco perdería 25.000 euros al ejecutar la hipoteca. Escalar esto al total del sector implica que una caída general del 20% restaría 99.578 millones de euros al valor de los colaterales, amenazando la solvencia bancaria.
Así que el sector bancario solo tiene que hacer uso de lo fácil que es corromper al poder político medio, y anular medida alguna para sea orientada a bajar el precio de la vivienda, ya que bajaría el precio de esos colaterales y reventaría los asientos pasivos de las grandes entidades financieras
No se trata de la falsa dicotomía de izquierda y derecha que nos impuso la revolución francesa y que tan obsoleta se encuentra para el análisis de los problemas del ciudadano actual. Tanto rojos como azules, como verdes y morados, tanto a nivel nacional, como autonómico o municipal, podrían tomar medidas que en unas décadas veríamos sus frutos e hicieran del mercado inmobiliario, un mercado sostenible en todos los sentidos, pero eso cortoplacismo, le hace empezar la casa por el tejado, nunca mejor dicho. Podrían liberalizar el suelo o agilizar los PGOU que mencionábamos anteriormente, pero prefieren un electorado clientelar y maquillan esa falta de iniciativa con parches como subsidios o planes de vivienda pública que apenas benefician a una minoría. La banca, a su vez, presiona para mantener este statu quo, ya que su estabilidad depende de que los colaterales no pierdan valor, y los políticos, beneficiados por redes de influencia y financiación, se encargan de hacer el trabajo sucio y facilitar la labor, mientras tanto el precio de la vivienda subió de media un 11,3% en el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y es que, aunque las cifras sean preocupantes y a diferencia de lo que muchos creen, la banca no busca subidas descontroladas de precios, como las que provocaron la crisis de 2008. Un boom inmobiliario crea burbujas que, al estallar, generan crisis sistémicas, caos financiero y te hacen perder el control de tu negocio. Así que los bancos prefieren una escalada gradual, que vaya revalorizando los colaterales que tienen como garantía de sus hipotecas concedidas, una escalada 3-5% anual, sin caos financiero en el mercado inmobiliario.
Esto permite minimizar riesgos al conceder hipotecas, ampliando los márgenes de seguridad, ya que el valor de la vivienda crece a la par de los préstamos.
Este es el panorama. Una caída de precios, en cambio, sería devastadora. Además de las pérdidas en los colaterales, afectaría a otros sectores. El sector de la construcción, que representa el 6% del PIB y emplea a 1,3 millones de personas, podría colapsar si los promotores paralizan proyectos por falta de rentabilidad. Las inmobiliarias sufrirían, y los ayuntamientos, dependientes de impuestos como el IBI o las licencias de obra, verían mermados sus ingresos, limitando servicios públicos. Este efecto dominó explica por qué la banca, con el respaldo político, evita cualquier bajada significativa.
Por último, no se puede negar que la mediocridad instalada en el poder político haga que las decisiones políticas encarezcan la vivienda a través de impuestos, regulaciones y medidas inflacionarias. El IVA (10% en viviendas nuevas) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (8-10% en segunda mano) incrementan los costes. Una vivienda de 300.000 euros puede generar hasta 30.000 euros en impuestos, pagados por el comprador. El Código Técnico de la Edificación (CTE), con requisitos como eficiencia energética, eleva los costes de construcción en un 5-10%, según el sector. Además, los promotores inmobiliarios enfrentan costes de construcción cada vez mayores debido a medidas inflacionarias impulsadas por los políticos.
Sufrimos una generación de políticos, amigos de la cultura del “está to pagao” que son auténticos adictos a meter la mano en el bolsillo del trabajador y a la expansión monetaria, en otras palabras, que no saben gobernar sin el comodín de la impresora de dinero y sin robarte más de la mitad de las rentas obtenidas de tu trabajo. Estas políticas monetarias, junto al exceso de regulación, colaboran significativamente al encarecimiento de materias primas, como el acero o el cemento, que han incrementado los costes de obra en un 15-20% desde 2020. Estas subidas, combinadas con la ineficiencia administrativa, como retrasos en licencias y planeamientos bloqueados por impugnaciones, reducen la oferta y mantienen los precios altos.
Como indica el título de este artículo, la crisis del precio de la vivienda en España no es por la falta de suelo, sino de un sistema podrido, donde la corrupción política rige en su máxima expresión y protege los intereses bancarios a expensas unos ciudadanos con la cabeza frita por bazofia televisiva y falsas vidas en sus perfiles de redes sociales.
Y estos son los datos: los 497.889 millones de euros en préstamos hipotecarios, respaldados por colaterales inmobiliarios, son intocables para la banca y ya se habrán encargado de dejarlo bien claro al poder político.
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